Análisis jurídico sobre los Proyectos Regionales de Telecomunicaciones y sus implicancias sobre la existencia de la brecha digital en zonas rurales durante la pandemia producida por el COVID-19

Abstract

En el año 2020, el brote de COVID-19 que azotó al mundo entero cambio de manera drástica la vida y las costumbres humanas; puesto que, fue necesario adoptar múltiples medidas que previnieran la propagación desmedida del virus, resultando entonces el aislamiento y la cuarentena como las medidas más efectivas conocidas hasta ese momento. Es así como, fue necesaria la masificación del uso de medios de comunicación digitales para atender necesidades humanas básicas, tales como: la socialización, la atención médica, el teletrabajo y, más importante aún, la educación en todos sus niveles. Bajo dicho contexto, fue inevitable no resaltar la fuerte brecha tecnológica que existe entre los espacios urbanizados y los espacios rurales de nuestro país; así como, el evidenciar la carencia de acceso a servicios públicos de telecomunicaciones por parte de las zonas más alejadas del Perú profundo. No obstante, como es de conocimiento público, desde el año 2013 el Estado Peruano viene financiando activamente el despliegue de “Redes de banda ancha” a través de los Proyectos denominados “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social” de veintiún (21) Regiones del Perú (en adelante los Proyectos Regionales) divididos en cuatro (04) Grupos (PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 2019); motivo por el cual, resulta curiosa la falta de capacidad de interconexión en las regiones peruanas a más de nueve (09) años del inicio de las actividades vinculadas a dichos despliegues. Ciertamente, luego de una revisión del “Cronograma de Fases de Pre-inversión, Inversión y Post-inversion del Proyecto Regional Huancavelica” que es integrante del Grupo 1 de proyectos a desarrollarse (MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, 2014), es posible afirmar que el desaparecido Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones – FITEL (ahora Programa Nacional de Telecomunicaciones - PRONATEL) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, había previsto concretar la Fase de Implementación del Grupo 1 de Proyectos a más tardar el primer trimestre del año 2016. Sin embargo, tal como se puede apreciar en la Décimo Sexta Adenda al Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Huancavelica, la Fase de Implementación del referido proyecto recién se concretó parcialmente (puesto que se formularon algunas observaciones) a mediados del 2019; es decir, con más de tres (03) años de retraso (Décimo Sexta Adenda al Contrato de Financiamiento Para El Proyecto: “Instalación de Banda Ancha Para La Conectividad Integral y Desarrollo Social de La Región Huancavelica,” 2019). En este punto, corresponde señalar que el objetivo del presente trabajo es analizar, desde una óptica jurídica, los factores de nivel público y sobre todo privado que generaron el fuerte retraso en la implementación de los Proyectos Regionales; así como, las consecuencias de que esta situación acarreo sobre la desconexión de las zonas rurales peruanas durante las restricciones adoptadas a raíz de la pandemia generada por el brote de COVID-19.